Cosecha Agua Lluvia

Estudio revela la magnitud gasto publico por la escasez de agua en Chile


El Estudio realizado por Carla Riveros Pérez nos revela de forma clara el gasto que se realiza para palear el grave problema social y ecológico que afecta muchas zonas en nuestro país, siendo abordado por las instituciones desde la simple emergencia, utilizando camiones aljibe para abastecer  a las comunidades, utilizando gran parte de sus recursos, pero  sin apuntar a métodos que solucionen el problema, como podría ser la utilización de tecnologías que entreguen autonomía hídrica a las comunidades afectadas, como lo es la utilización de la cosecha de agua lluvia.

RESUMEN

En Chile dos entidades suministran agua potable: empresas sanitarias y sistemas Agua Potable Rural, sin embargo, municipios han debido entregar agua potable por escasez del recurso.

Esta respuesta municipal no se contempla en su ley orgánica ni presupuesto, evidenciando las acciones locales y descentralizadas que manejan gobiernos locales frente a la crisis.

Estas acciones suceden en el contexto de un Código de Aguas incapaz de responder a los cambios para asegurar una distribución según necesidad y no por su valor como commodity (derechos y su transacción).

Mediante encuestas a los municipios (345) y revisión de licitaciones públicas, utilizando el arriendo y compra de camiones aljibe como proxy de esta respuesta local, junto con entrevistas a entidades estatales y municipales, se analizó la magnitud y configuración de esta situación donde las necesidades básicas en demanda de agua potable son resueltas por instituciones sin competencia en agua.

Se recibió respuesta de 220 comunas (63%), con encuesta contestada por 194 comunas (56%) y se revisaron 227 licitaciones adjudicadas entre 2006 y 2014 (web Mercado Público) para servicios de suministro de agua potable y compra de camiones aljibes.

Las comunas que realizan el suministro son bastantes, y se distribuyen en todo el país, concentrándose en la zona central y sur, entre la región de Coquimbo y Araucanía. El suministro municipal se incrementó en los últimos 6 a 8 años, tanto en el número de comunas así como montos requeridos. Las regiones del Bío-Bío y Araucanía presentan los mayores gastos, aún cuando siendo australes tienen mayores niveles de precipitación.

El municipio se encarga del suministro en la medida de sus capacidades y desde la perspectiva de una emergencia. Si el requerimiento sobrepasa su capacidad de respuestas, escala a entidades del Ministerio del Interior, siendo Onemi (Oficina Nacional de Emergencias) quién gestiona la obtención de fondos de emergencia, que son administrados por el municipio para dar respuesta a la solicitud.

La población afectada es población rural, dispersa y vulnerable, que aparte de carecer de agua para consumo, carece de agua para animales y riego, impactando en la actividad económica de sustento, propiciando la pobreza y requiriendo asistencia social (recursos) por parte de municipios y Onemi. Dicha vulnerabilidad facilita la obtención de terrenos rurales por actores de mayor poder y el desplazamiento de la población rural.

Las entidades que dan respuesta a la escasez de agua potable en Chile son entidades sin competencia en la gestión del agua, y que enfrentan la situación desde un enfoque de emergencia, es decir, en base a la solución inmediata del problema mediante la entrega del recurso.

Sin embargo, la constante necesidad de camiones (temporada estival e invernal) y la amplitud de comunas con el requerimiento, dan cuenta de un problema más estructural, donde la escasez no se define necesariamente por la falta de precipitaciones, sino donde el Código de Aguas construye un escenario de escasez concentrando el recurso en grupos con poder y para actividades con retribución económica.

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